La Comunidad de Madrid atiende a 259 menores afectados por los casos de violencia contra las mujeres. Entre los servicios prestados a este colectivo, a 30 de septiembre, 149 han recibido atención psicológica y 126 de tipo psicosocial.

Así se ha puesto de manifiesto durante la jornada Las Víctimas Invisibles, organizada por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid en colaboración con el Ejecutivo regional. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha sido el encargado de inaugurar este foro, estructurado en distintas mesas redondas.

Durante su intervención, ha apelado a poner el foco en que “la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar son un terrible terreno de victimización no sólo de las mujeres, sino también de los menores”. Y ha apuntado que el Gobierno madrileño, dentro de su ámbito de actuación y competencias, “garantiza el apoyo y asistencia” de todos ellos, desde que se produce la denuncia en comisaría y durante todo el proceso judicial.

En este sentido, López ha destacado las 3.851 personas atendidas (305 menores) durante 2020 por la red de Oficinas de Atención a Víctimas de Delito de la Comunidad de Madrid (OAVD), que les prestó atención jurídica y psicosocial.

"Para complementar esta atención, disponemos de 75 equipos psicosociales dependientes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con 155 profesionales, entre psicólogos y trabajadores sociales. Unos servicios en los que trabajamos para incrementarlos”, ha añadido el consejero. Por su parte, durante el acto de clausura de esta jornada, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha recordado que “la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género (2016-2021) dedica varias medidas a la protección de los menores que, en ocasiones, son más que meros testigos del maltrato sufrido por su madre”.

En los objetivos II y V del Eje de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género se dispone el refuerzo del apoyo y atención a los niños expuestos a esta violencia, garantizando su acogida temporal y extendiendo programas específicos que eviten la reproducción de los roles aprendidos de agresor y víctima.